Santiago de Chile/17/02/2016/Desde el año2000 al ser dictada las leyes N°s: 18.892, 19. 713, 19.079 19.080; Leyes de pesca y acuicultura, los trabajadores del Sector pesquero artesanal e Industrial se vieron afectados en la parte laboral, económica, social y sicológica al perder su fuente laboral debido a estas leyes que permitieron la depredación de los Recursos biológicos marinos de nuestras costas y territorio marítimo Chileno. (Depredación de los recursos marinos pesqueros).
El maremoto del 27/F que destruyó a pequeñas ciudades y caletas que eran refugio de pescadores artesanales y buzos quienes perdieron casas, embarcaciones, motores, redes y equipos de buceo, en un período del año en que todavía obtenían escasos recursos para sustentarse durante el invierno reduciendo en un 95% la pesca artesanal, de la zona afectada aumentando la crisis ya originada por la ley de pesca.
Con la aprobación de la Ley de Pesca el año 2012 (ley Longueira, ley N° 20.657), se agravó la crisis porque siete familias se beneficiaron directamente con ella, porque controlan el 76% de la industria pesquera nacional y se reparten las utilidades a partir de la extracción gratuita de los recursos de la biomasa de nuestro mar chileno.
En ese sentido, se olvidó que las pequeñas embarcaciones constituyen los pilares de la pesca artesanal, pues son los aportantes del pescado fresco a los mercados populares y restaurantes que difunden la gastronomía nacional. Entonces, la invasión de las primeras cinco millas marinas por embarcaciones industriales, permite que una zona natural de reproducción masiva de especies para consumo humano directo, reservada para pescas sencillas y selectivas como la artesanal se destruya sin que se pueda hacer algo para evitarlo.
Además hay un registro pesquero artesanal e Industrial que es Urgente que se regularice y un ordenamiento pesquero que realmente se haga cumplir. Debe continuar mediante pescas de investigación (Que deben ser realizadas por las naves Artesanales y no por naves industriales de gran tonelaje) hasta que se cuente con un marco normativo adecuado y en consenso con la pesca artesanal, para evitar fraudes que restrinjan aún más esta labor pesquera.
En ese sentido, documentos probarían la existencia de una serie de permisos fraudulentos de pesca que podrían comprometer el patrimonio marítimo de los chilenos, si se comprueba su falsa adjudicación por parte de grandes empresas pesqueras que, al amparo de la ley pesquera estarían aprovechando vacíos legales y malas fiscalizaciones de parte de los organismos del estado, que actualmente las grandes empresas actúan impunemente.
Todo habría comenzado el año 1998 cuando se entregó a la empresa Iquique Guanaye S.A. (hoy Orizon S A) la adjudicación de permisos de pesca para las naves Colomba III,
Colomba IV y Malleco que con el paso del tiempo se comprobó que las dos naves primeras
Nunca existieron. A pesar de lo anterior, sus permisos o autorizaciones ilegales de pesca continúan vigentes hasta el día de hoy.
En agosto de 2013, la Subsecretaría de Pesca a través de un oficio, enviado al 17° Juzgado Civil de Santiago, entregó un listado de todos los armadores industriales pesqueros que tienen licencias transables de pesca a naves de diferentes armadores. En esta lista, en que está incluida la Empresa Pesquera Orizon S.A., se advierte un grupo de licencias que solo están nombradas con una serie de números y de los cuales, se desconoce si estas naves existen o solo son de papel.
En enero del año 2015, el subdirector de la Dirección General del Territorio Marítimo extendió un documento ordinario N° 12600/19 para la juez del 17º juzgado civil de Santiago en el cual se le informaba que “revisado el Registro de naves mayores de esta Dirección General, no existe inscripción de las naves mayores Colomba III y Colomba IV.”
Además, en la resolución N° 2090, de la misma repartición marítima, queda constancia que la nave MALLECO, tiene cinco permisos de pesca y los permisos de naves “COLOMBA III” y “ COLOMBA IV” no han sido dejados sin efectos hasta el día de hoy.
Actualmente esta causa está siendo vista por la Corte Suprema. Que tendrá la delicada función de fallar con esta grave situación jurídica.
Cabe señalar que cada permiso de pesca otorgado por la subsecretaría de pesca del Ministerio de Economía tiene un valor aproximado de US$ 4.5 millones.
Esta situación podría ser la punta de una madeja que se comenzaría a soltar en los próximos meses, si se comprueba la existencia de otros permisos de pesca falsos entregados por el Estado a empresas privadas.
Actualmente, el 70% de las pesquerías chilenas, están sobre explotado y el otorgamiento de estos permisos falsos, impediría que existan cuotas de pesca sustentables permitiendo que el mar se recupere y la industria no sea destructiva con el medio ambiente acuícola, también es dable hacer presente que es necesario realizar una buena cubicación de todas las bodegas de las naves pesqueras por una empresa internacional que sea proba, esto debería ser realizadas con fondos del estado. (De los miles y miles de millones de dólares que el estado entrego o entrega al Fondo de Administración Pesquera).
Estos permisos fraudulentos, estarían hablando de una regulación insuficiente que agudizaría aún más la actual sobreexplotación de la biomasa marina.
Para XXXX, “una consecuencias de esta situación, sería la gran cesantía de los trabajadores del sector pesquero artesanal e industrial donde la promesa del apoyo de la reconversión social, según ley de pesca 19.713 con un fondo aproximado 155 millones de dolares al año (2000-2012), Ley Corta no se materializó dejando el sustento de miles de familias de pescadores a la deriva y al naufragio económico, llevando a muchos de ellos a un estado de Shock Sicológico a muchos trabajadores del sector pesquero industrial y artesanal.
“Al mismo tiempo de que los chilenos son dueños de un extenso litoral, no pueden gozar ni degustar de sus productos porque estos, son depredados por la gran industria pesquera para enriquecerse aún más, autorizados por leyes de pesca redactadas por ellos mismos y aprobadas por sus servidores congresales pagados por el empresariado pesquero”, añade xxxxx.
Son miles las personas que dependen directa e indirectamente de la pesca en Chile, ya que es el motor del desarrollo de muchas de las zonas costeras del país y esta situación como otras, pone en riesgo la recuperación de la pesca y el empleo de uno de los sectores económicos más importantes del país, convirtiéndose en una bomba de tiempo que debería ser desactivada por las autoridades competentes, antes de que sea demasiado tarde y nuevamente el estado se vea involucrado en un gran escándalo de corrupción vergonzoso para nuestra patria que traspasaría las fronteras a nivel Internacional.
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