domingo, 26 de abril de 2020

Almagro el Agente del Terrorismo Internacional

Almagro: el agente


    A estas alturas, ya nadie podría dudar que la Organización de Estados Americanos (OEA), creada en 1948, es y ha sido un organismo dedicado a mantener la hegemonía de los Estados Unidos en América Latina, desde los tiempos de la posguerra, hasta los días de hoy; más aún, cuando por ejemplo en 2015, el país de Trump llegó a financiar el 52% del presupuesto anual de la institución. De ahí el apelativo de “Ministerio de Colonias”, con el que se le conoce en Nuestra América.

    Por ello, no es novedad tampoco, que la OEA haya sido un organismo servil para la desestabilización de los gobiernos progresistas de la Patria Grande, como consta en las sanciones comerciales contra Cuba. Y sin embargo, el ciclo inaugurado por Luis Almagro como Secretario General del organismo, goza de una particularidad  y es que, en sintonía con los tiempos, los Estados Unidos han puesto a un personaje polémico y desprolijo, que disfraza la perversión del capitalismo. Así como Trump, Bolsonaro, Salvini, Piñera: Almagro. 

    La nueva estrategia del poder, que consiste en camuflar los crímenes más perversos tras la máscara de un líder polémico, que desvía la atención de la opinión pública hacia sus imprudencias, para que pasen inadvertidas sus perversiones,  llegó a la Organización de Estados Americanos, e hizo de ella un organismo cómplice de crímenes de lesa humanidad.

    Almagro, quien –por cierto– nunca ha aclarado los motivos de su abrupta salida de Irán como embajador, intentó disfrazarse de democrático, pero los Uruguayos del Frente Amplio, que algo saben de democracia, no pasaron por alto sus agresiones, y en diciembre de 2018 el Tribunal de Conducta Política lo expulsó. El líder del Frente Amplio, Pepe Mujica, fue categórico “Lamento el rumbo por el que enfilaste…por eso formalmente te digo adiós y me despido” –le dijo–.

    Y cómo no lamentarlo, si dentro de sus acciones como Secretario General de la OEA, Almagro abrió la puerta a una intervención militar de Estados Unidos contra Venezuela, pidió la aplicación de la Carta Democrática y en una bullada declaración, intentó fustigar el último proceso constituyente del pueblo de Bolivar, mediante un vídeo en el que le inventó –si, leyó bien, inventó– categorías jurídicas que no existen en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para acusar el proceso de inconstitucional. 

    En paralelo, Almagro, en coordinación con el Departamento de Estado Norteamericano, montó el grupo de Lima, después de que su posición contra Venezuela perdiera en la Asamblea General de la OEA. Entre los integrantes de dicho grupo estaban sus amigos: Macri, que perdió las últimas elecciones y dejó a Argentina con la deuda externa más grande de la historia y la pobreza en más de un 35%; Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo que renunciar por corrupción a la presidencia del Perú; Michel Temer, corrupto presidente interino del Brasil con más de seis causas de corrupción a sus espaldas, tras el golpe de estado contra Dila Russseff; y por supuesto, Sebastián Piñera, con una causa abierta en los Estados Unidos, por tráfico de influencias; entre varios otros gobiernos cercanos al gigante (egoísta) del norte.

    Todo esto, mientras la OEA guardaba un silencio cómplice con las violaciones a los derechos humanos en Haití, y posteriormente respaldaba a los gobiernos de Ecuador (Lenin Moreno), cuando asesinaba indígenas en las protestas de comienzos de octubre de 2019 y de Chile (Sebastián Piñera), incluso después de las decenas de asesinados y los más de cuatrocientos mutilados en cuatro meses de protestas.

     Y sin embargo, las cosas no terminaron ahí. El 25 de octubre pasado, el Presidente Evo Morales fue reelecto con un 47,08% de los votos, contra un 36,51% del candidato opositor Mesa. La oposición desconoció el resultado, acusando que el proceso tuvo vicios.

 El mismo Presidente Morales, en un acto de total transparencia, pidió una auditoria de la OEA. A sabiendas de que los resultados eran verídicos, el 10 de noviembre la oposición,  mediante el Comandante en Jefe del ejército Williams Kaliman –que 72 horas después arrancó a Estados Unidos, con un millón de dólares en su cuenta–, dio un ultimátum al Presidente. 

Dieron un golpe de Estado. Secuestrando y amenazando de muerte a líderes oficialistas y sublevando a las fuerzas armadas, obligaron al Presidente Morales a renunciar, con el pretexto de un informe preliminar de la OEA, que dictaminaba un fraude electoral.

    El 25 de noviembre ¡quince días después del pronunciamiento de la OEA! La misma OEA, reconoció a Alfredo Serrano del Centro Estratégico de Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), que no existía ningún informe definitivo al respecto. Y como si fuera poco, el pasado 27 de febrero, en un artículo publicado en The Washington Post, investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), dieron un golpe lapidario al informe de Almagro: ¡No hubo fraude en Bolivia! ¡El único fraude fue el informe de la OEA!

    El golpe de estado, que llevó a la cabeza del gobierno a Jeanine Áñez, ha sido de las perversiones más grandes que ha maquinado Almagro: 36 asesinados, cientos de detenidos ilegales y miles de heridos, ha sido el saldo preliminar que ha dejado la presidenta ilegítima y sanguinaria, que tomara el control de la promesa económica del progresismo latinoamericano. Todo ante el silencio de la Secretaría General de Almagro. 

    Una cosa que a estas alturas es clara. Luis Almagro es un agente de la CIA, puesto como Secretario General de la Organización de Estado Americanos para desestabilizar gobiernos y perseguir a cualquiera que ostente mínimos grados de independencia en su política exterior.  

    Pero el crimen no puede disfrazarse de democracia, y tarde o temprano, las caretas se caen. Luis Almagro es un criminal, responsable de un golpe de Estado y del asesinato de decenas de compatriotas. Las instancias internacionales tendrás que pronunciarse. 


opinión Senador Navarro Covis EE UU

EEUU y la guerra como respuesta a su derrota ante COVIT 19


    El pasado 31 de marzo el Departamento de Estado de los Estado Unidos, emitió un documento en el que plantea un Marco para la Transición Democrática y Pacífica en Venezuela, exigiendo la dimisión del Presidente Nicolás Maduro, cabeza del Gobierno democrático y soberano de la República Bolivariana de Venezuela, a cambio de finalizar el bloqueo y proveer ayuda humanitaria, en el contexto de la pandemia de COVID-19 que asola al globo.

    Hasta ahí, nada nuevo, a pesar de lo irónico que pueda resulta que el país que actualmente es el epicentro del contagio y difusión del COVID-19, con más de 245 mil casos diagnosticados y más de 6 mil muertos, esté preocupado de la situación sanitaria de un país caribeño; en lugar de ayudar a sus más de 40 millones de pobres condenados a muerte por falta de asistencia. 

    Sin embargo, este Marco para la Transición, que podría haber sido una chambonada más de la dupla compuesta por un empresario lunático y un psicópata (Trump y Pompeo) –a cargo de la potencia militar más grande la historia de la humanidad– coge una especial relevancia, en el contexto en que se propuso. 

El 27 de marzo, cuatro días antes del Marco para la Transición, el Gobierno norteamericano ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por la captura del Presidente Maduro, al más puro estilo del Lejano Oeste. El 1 de abril, solo un día después del Marco para la Transición, Trump anunció que duplicaría la capacidad bélica del Comando Sur en el mar Caribe y en el Pacífico Oriental.

Bajo la excusa de luchar contra el narcotráfico, Estados Unidos envió un contingente de buques destructores, navíos de combate, aviones y helicópteros, para asediar las costas venezolanas; en circunstancias que según el Informe Anual de Drogas de 2019, realizado por la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), es Colombia y no Venezuela, el país que produce más del 70% de la cocaína que se consume a nivel mundial.

Algo huele mal en el Marco para la Transición Democrática y Pacífica en Venezuela, que si de democrático tiene poco, de pacífico nada.

Estas tres acciones: (1) el Marco para la transición, (2) la puesta de precio a la captura del Presidente Maduro y (3) el reforzamiento del Comando Sur, son maniobras que no pueden pasar desapercibidas y que exigen el pronunciamiento de la comunidad internacional, por un lado, y la solidaridad de América Latina, por el otro, pues la coyuntura es particular.

Si partimos de lo inmediato, es evidente que la administración Trump requiere un distractor, que desvíe el foco del mal manejo sanitario que ha tenido ante la crisis del COVID-19, que lo ha llevado a afirmar con la poca vergüenza que lo caracteriza, que consideraría un “muy buen trabajo” tener solo 200 mil muertos, producto de la pandemia. Solo una mente retorcida, podría poner la frase “muy buen trabajo”, junto a la cifra de 200 mil muertos.

Un daño a su imagen interna, que puede traerle consecuencias electorales; al que hay que sumar su derrota internacional ante China, que con un mes más de COVID-19 activo en su población, logró detener la expansión del virus con un tercio de los casos que Estados Unidos y la mitad de las muertes, que en la superpotencia americana no paran de subir. Humillación clara y absoluta, ante su rival económico más fuerte.

No obstante, el manejo mediático no es el único factor que hace a Estados Unidos querer abrir un conflicto en los mares del Caribe. El 27 de marzo pasado –el mismo día que Trump le puso precio al Presidente obrero Nicolás Maduro– el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) declararon a la economía mundial en recesión. 

Ese mismo día, Nancy Pelosi, Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos dijo: "Nuestra nación enfrenta una emergencia económica y de salud de proporciones históricas debido a la pandemia del coronavirus, la peor en más de 100 años". Acto seguido la Cámara aprobó un paquete de estímulos fiscales por 2 billones de dólares, lo que da cuenta de la real magnitud de la crisis.

El escenario que configuró Estados Unidos ese 27 de marzo, fue el siguiente: 

  1. La amenaza internacional a la economía por el COVID-19, declarada por el FMI.

  2. La contención nacional de 2 billones de dólares, aprobada por la Cámara de Representantes.

  3. La salida internacional, poniendo como blanco al Presidente Nicolás Maduro y a la República Bolivariana de Venezuela, encabezada por Trump.


Ante la inminente recesión, Estados Unidos recurrió a lo que mejor sabe hacer en una crisis: la guerra. 

La guerra por la guerra, para generar un golpe de demanda hacia el Complejo Militar Industrial de Estados Unidos, ya que según datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), las cien empresas de comercialización y fabricación de equipamiento militar y armamentos, facturaron 398.200 millones de dólares en 2017. De esas cien empresas el 42% son norteamericanas y concentran el 57% de las ventas. Al respecto, no habremos de olvidar jamás que la supremacía económica de Estados Unidos, se inauguró a partir del auge del negocio armamentista durante la Primera Guerra Mundial.

La guerra contra Venezuela, porque no solo de guerras vive el Tío Sam. Estados Unidos consume actualmente 20 millones 400 mil barriles diarios de petróleo y a pesar de que Trump ha procurado la autonomía del combustible, este sigue siendo de inferior calidad al extraído en Medio Oriente y en América Latina, manteniendo importaciones por un millón de barriles diarios desde el Golfo Pérsico. 

El petróleo es y será vital para la economía norteamericana y Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo del mundo, por sobre Arabia Saudí, Irán o Irak. Recordaremos entonces, que John Bolton señaló en enero de 2019: “Estamos conversando con las principales compañías estadounidenses ahora, (para que) produzcan el petróleo en Venezuela. Sería bueno para el pueblo de Venezuela y el pueblo de los EE.UU.”, aún no se aprecia el beneficio para el pueblo venezolano, pero para las corporaciones norteamericanas está claro.

Estados Unidos, ha sufrido derrotas permanentes y sistemáticas en Venezuela, desde que en 2002 intentara dar un golpe de Estado contra el Presidente Chávez e iniciara un bloqueo económico, que solo entre 2013 y 2017 ha significado la pérdida de 1,6 PIBs para la República Bolivariana; a lo que habrá que sumar el ridículo internacional que ha hecho con el autoproclamado Presidente Juan Guaidó.

A pesar de ello, tras 18 años el imperio del norte insiste, y arremete de manera cada vez más frontal contra la patria de Bolivar. Los pueblos de América no podemos callar, ni muchos menos permitir que en un momento de crisis humanitaria, Estados Unidos amenace de muerte a la Patria Grande, para salvar su imagen y su economía. 



Alejandro Navarro Brain
Senador de la República de Chile


Columna de Opinión Senador Navarro

Geopolítica: América del Sur y COVID-19


    La pandemia de COVID-19 y sus cientos de miles de muertos, ha purificado el lenguaje de la diplomacia en el mundo, le ha restado barroquismo y ha sacado de los entretelones, para ponerlo a la luz, al código primero de la política internacional: las relaciones de fuerza entre los Estados.

    Berlín acusó a Washington D.C. del embargo ilegal de 200 mil mascarillas en Tailandia que iban rumbo a la potencia europea, cuestión tildada de inmediato como un acto de piratería por el ministro del interior Alemán. España acusó la retención de respiradores mecánicos por parte del gobierno de Turquía en el aeropuerto de Ankara; a lo que se suma el conflicto multilateral entre la misma España, Italia y Francia, por la incautación de casi dos millones de mascarillas en Lyon, lo que solo se solucionó por las presiones del gobierno sueco, para que los cargamentos lleguen a destino.

    América Latina y, en particular, América del Sur, no ha quedado exenta del conflicto, pero mientras las potencias occidentales se muestran los dientes, nuestros países se arrastran patéticos pagando, una vez más, el precio por el fracaso de las políticas de integración subcontinental.

Estados Unidos embargó 60 respiradores mecánicos que iban de Taiwán a Paraguay, y lo único que nuestro país hermano puedo hacer fue una tímida nota de protesta; Chile, para poder traer respiradores mecánicos ha tenido que montar un operación secreta con su fuerza aérea, más que por sigilo, por temor al embargo; y Perú realiza cálculos complejos de rutas y escalas, para poder importar insumos médicos, sin que sean requisados por otro país. 

En cuestión de días, todos nos convertimos en Venezuela, o en Cuba, sufrimos la incautación de productos de primera necesidad y lamentamos haber seguido las rutas del egoísmo liberal, que ha mantenido dividida por más de 200 años a una patria, cuyo destino siempre ha sido ser una sola.

La última pandemia que enfrentó nuestro continente, fue la del H1N1 en 2009. En aquel entonces, se reunieron en Guayaquil, Ecuador, todos los ministros de salud de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). En la instancia, se acordaron mecanismos de adquisición de vacunas, estrategias de atención a la población de riesgo y planes de comunicación social, para que el continente esté bien informado. La conclusión política, en palabras del Ministro de Salud del Ecuador de ese entonces, tuvo relación con "las ventajas de negociar en bloque para asegurar mejores precios y calidad".

En medio de la crisis, América del Sur aconteció como una sola en el escenario global y de la mano de la UNASUR, se establecieron condiciones ventajosas de negociación para nuestros pueblos. Lejano panorama, si lo vemos desde hoy.

Esa fue solo una de las muestras de fuerza, que el incipiente organismo de integración regional, dio como señal de soberanía y patriotismo. Demás está decir, que la templanza fue castigada. Estados Unidos, aprovechó la ola de gobiernos conservadores para debilitar a la UNASUR y castigar los esfuerzos progresistas, hasta que en 2018  Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, congelaron su participación y optaron por un organismo paralelo: el Foro para el Progreso de América del Sur (ProSur).

El discurso enarbolado para debilitar la UNASUR, fue su carácter “ideológico”, cuestión del todo curiosa, ya que es un organismo que funciona por consenso. En realidad, lo que no le perdonaron fue que afirmara el derecho a la autodeterminación y que promoviera la unidad política del subcontinente, como la única manera de incidir en la escena global.

En contraste, ante la crisis del COVID-19, el ProSur ha realizado dos vídeo conferencias, en las que ha excluido a Venezuela, lo que demuestra que el único organismo “ideológico” es el mismo ProSur, pero que, en todo caso, no la ha excluido de mucho, pues han sido reuniones de nula capacidad resolutiva. Y así nos tienen: negociando por separado, con temor a los embargos, sin políticas continentales para el manejo de la crisis y en al alba de una hecatombe económica, que volverá a millones de personas a la pobreza.

Algún día, la historia nos juzgará. De seguro Estados Unidos será condenado como el canalla mayor, pero más triste que las canalladas, son las cobardías de las élites conservadoras de América del Sur, que sin ningún sentido patrio, boicotearon el proyecto de integración más exitoso de la historia de nuestra región, junto con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que unió a los países al sur del Río Bravo, cuyo primer Presidente fue Sebastián Piñera, lo que da fe acerca de que la unión de América Latina debe estar por sobre las disquisiciones entre la izquierda y la derecha. 

    Una sola potencia sudamericana, o mejor, latinoamericana, es mucho más que un montón de republiquetas negociando por separado, condenándose mutuamente a la irrelevancia. O vencemos juntos, o caemos de a uno, ese es el dilema de América del Sur, ante el COVID-19.   



Alejandro Navarro Brain
Senador de la República de Chile

viernes, 17 de abril de 2020

Nota Prensa Movih


15 de abril, 2020
 
 
Personas LGBTI en Chile: el 38% reporta incremento de la homo/transfobia en sus casas o barrios tras la aparición del coronavirus
 
 

Los conflictos se han traducido en violencia psicológica (58,2%), verbal  (40,6%) y física (1.2%). El 78,4% estima además que el avance de los derechos LGBTI se verá afectado en 2020 a raíz del coronavirus. El 92,6% dice que todo evento masivo pro-derechos LGBTI debe suspenderse por todo este año si el contacto social sigue siendo riesgoso.
 
 
 
Encuesta completa aquí: https://www.movilh.cl/wp-content/uploads/2020/04/Coronavirus-LGBTI-Covid-19.pdf
 
 
La aparición del coronavirus y las medidas implementadas por el Estado para prevenirlo, como las cuarentenas y el toque de queda, están teniendo impacto en la realidad específica de las personas lesbianas, gays, bi, trans e intersex (LGBTI), arrojó una encuesta elaborada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

El sondeo, el primero de su tipo aplicado entre el 6 y 13 de abril pasado a 523 personas LGBTI de todas las regiones del país, arrojó que para el 44,3% “entre los efectos  del coronavirus podría encontrarse un incremento de la discriminación a las personas”. El 35,5%  descarta un aumento y el 20,2% no sabe si lo habrá.

En tal sentido, el 9,2% señala que ha sido discriminado por su orientación o identidad de género desde la aparición del primer caso de coronavirus en Chile. De estos, el  2,2%  fue víctima de agresiones físicas; el 62% de  ataques verbales y 35,8% de violencia psicológica.

           
El mayor incremento de la homofobia y la transfobia ha ocurrido en la propia familia o el barrio a raíz del mayor tiempo que las personas pasan en sus casas.

Así es como el 27,5% declara conocer a alguien que lo está pasando mal en su casa producto de la discriminación, mientras que del total de personas que son discriminadas por sus familias o vecinos, el 38% reporta un incremento de los episodios homofóbicos o transfóbicos en sus hogares o barrios. Estos conflictos se han traducido en violencia psicológica (58,2%), verbal  (40,6%) y física (1.2%).
Solo el 8% denunció los atropellos. Al respecto, el 45,3% reporta que las medidas implementadas para enfrentar el coronavirus impidieron u obstaculizaron que denunciaran la discriminación.

Excluyendo a los adultos mayores y a las personas de escasos de recursos económicos o con enfermedades crónicas, el 60,9% estima que los más afectados en Chile por el coronavirus son quienes viven en la calle, seguidos por los/as trabajadores/as sexuales (36,9%), las personas con capacidades diversas (36,9%), los inmigrantes (29,4%), la población LGBTI (20,6%), las mujeres (18,3%) y los pueblos originarios (18.3%).

En un ángulo similar el 78.4% piensa que el coronavirus afectará, al menos durante el 2020, el avance de los derechos LGBTI en materia de políticas públicas y leyes. Pese a ello, el 92,6% está de acuerdo con “ la suspensión durante todo el año 2020 de cualquier evento masivo  pro derechos LGBTI (marchas, festivales, tocatas, picnic, etc) mientras el contacto social siga siendo un riesgo”.

           
Con este sondeo, “esperamos contribuir a ampliar el conocimiento sobre el impacto del coronavirus en grupos vulnerables, como son las personas LGBTI”, sostuvo el Movilh.
 
 
Otros resultados:
 
Al momento de aplicarse la encuesta, el 48.9% vivía en  una  comuna  sin cuarentena; el 28% en una comuna con cuarentena parcial y el 23,1% en una  comuna con cuarentena total. Además  el 15,3% señala encontrarse en cuarentena porque tuvo contacto con personas o lugares considerados riesgosos para la transmisión del virus.

El 98,8% reporta cambios en su vida y rutina desde el primer caso de coronavirus en Chile. Para el  34,5%  el cambio fue “total”,  para el  45,3%, “mucho”;  para el 19% , “poco” y para el 1,2% “nada”.
Nadie reporta haber adquirido el Covid-19, sin embargo el 4,3% no se ha hecho el examen aún cuando tiene sospechas de portar el virus.
           
En el terreno de las percepciones, solo el 29.6% considera que el coronavirus tiene efectos más graves en personas LGBTI que en las heterosexuales, mientras el 22,8% no lo sabe y el 47,6% considera que las consecuencias son las mismas.

Con todo, el 46,6% estima que en el marco de las  estrategias para enfrentar el Coronavirus, el Estado debiese implementar medidas focalizadas para paliar los negativos efectos en  la población trans. La cifra disminuye al 25,9% en el caso de la población lésbica y al 23,7% cuando se trata de gays.

A la par, el 56,% estima que el Estado “no está haciendo lo necesario para ayudar a personas con VIH en el marco de la pandemia del coronavirus”, mientras el 95,8% considera que el “Estado debiese implementar medidas para garantizar a las personas con VIH el acceso a sus medicamentos por varios meses y de una sola vez para que no se expongan al salir de sus casas”.
 
 
 
Ficha técnica:

           
Con un margen de error del 4% y un nivel de confianza del 95%, el sondeo fue aplicado a personas de 11 a 59 años, de las cuales el 97,1% son chilenas, el 1% venezolanas y el 1,9% de otras nacionalidades.

El 60% vive en la Región Metropolitana; el 11,4% en Valparaíso; el  5,3% en Biobío;  el 3,7% en Los Lagos; el 3.5% en Coquimbo;  el 2,9% en la Araucanía,  el 2,6% en Libertador Bernardo O´Higgins, el 2.2% en Antofagasta;   el 2,2% en el Maule; el 1,4% en Atacama; el 1,4% en Tarapacá; el 1,2% en Magallanes;  el 1% en Ñuble; el 0,8 en Arica y Parinacota;  el 0.2% en Aysén y el 0.2% en Los Ríos.
 
El 45,6% se identifica con el sexo femenino,  el 44,2% con el masculino y el 10,2 es no binario, mientras que el 10,3% es trans y el 89,7% cisgénero,
Del total de encuestados/as, la población gay asciende al 37,7%, seguida por la  lésbica (30.7%), la bisexual (19,8), la pansexual (9,5%) y la asexual (2.3%).
CONTACTO:

OSCAR REMENTERÍA
VOCERO DEL MOVILH

CELULAR: +56 9 77986708 

EMAIL: OSCAR@MOVILH.CL 
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Nota de Prensa · Santiago · Comuna de Santiago 88300000 · Chile

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Comunicado Municipalidad de Recoleta

COMUNICADO

Ante el avance de la Pandemia en nuestro país, la insuficiente y tardía respuesta de las Autoridades de Gobierno a las múltiples problemáticas sanitarias, económicas y sociales que de la misma emergen, los Alcaldes y Alcaldesas abajo firmantes venimos a declarar públicamente lo siguiente:

  1. Lamentamos la actitud confrontacional, la nula disposición al diálogo y a recibir colaboración, que muestra el Ministro de Salud, respecto de los Alcaldes y Alcaldesas de la gran mayoría del territorio Nacional.  No somos enemigas ni enemigos, sino socias y socios estratégicos en la relación colaborativa directa hacia las comunidades que representamos. Esta pandemia la debe abordar el Estado en su conjunto y todos los municipios somos parte de éste.


  1. Manifestamos nuestra profunda preocupación respecto a que las decisiones de la Crisis Sanitaria se tomen guiadas por premisas que no compartimos en lo más mínimo, como es la resignación complaciente del Ministro de Salud y del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, cuando señalan “que todos los chilenos y chilenas nos contagiaremos de COVID 19 en algún momento”, demostrando así, la clara intención de no querer evitar detener la Pandemia con medidas categóricas y reconocidas internacionalmente, como lo son la detección precoz por exámenes, conocidas con las frases de “testear y testear”, que junto al aislamiento en los distintos niveles: distancia física, barreras sanitarias y cuarentenas, han sido la base exitosa de la prevención primaria de toda Pandemia, incluso ésta. Hacemos un llamado responsable a utilizar la Cuarentena en acuerdo con las autoridades locales, para impedir drástica y urgentemente la circulación del coronavirus, aplanando preventivamente la curva de contagio, no sólo para bajar el número de casos, cuando la misma amenaza con salirse de control, sino que testear a la mayor cantidad de personas sintomáticas y asintomáticas.  Creemos que se debe escuchar más a la Academia Científica y al Colegio Médico que a los grandes empresarios chilenos.


  1. Queremos ayudar, pero el hermetismo del MINSAL lo impide.  Por eso exigimos que se termine con el secretismo y que se comparta con el sistema de salud primaria municipal toda la información para colaborar en la fiscalización de los aislamientos y las cuarentenas; acompañar y asistir psicosocialmente, desde las Municipalidades, a los casos confirmados, a sus familiares y al entornos más cercano, devolviendo la tranquilidad de que “el Estado está presente en todos los niveles”, para recuperar a los enfermos, prevenir la propagación del Covid-19, con acciones sanitarias, medioambientales y sociales coordinadas y en redes.



  1. Es imperativo dotar a los Centros de Salud de las comunas con test certificados, de manera suficiente y oportuna, ampliando las categorización para la aplicación de ellos, no sólo a los sintomáticos de tos, dolores musculares, fiebre y neumonía; sino que a todos los pacientes con síntomas respiratorios, gastrointestinales, anosmia e hiposmia, portadores VIH consultantes, e incluso a postrados, cuyos cuidadores deben seguir trabajando en labores de atención de público, que generan mayor exposición.  Estos testeos permitirán pesquisar de manera temprana a los contagiados y contagiadas no sintomáticos, que constituyen hoy el mayor riesgo de propagación de la Pandemia, sobre todo en los sectores más populares y vulnerables sanitariamente.


  1. Hacemos un llamado a aumentar los aportes para las pequeñas y medianas empresas, así como también a las y los trabajadores informales.  A considerar de una vez por todas, una “Renta Básica de Emergencia” por el tiempo que dure la Pandemia, y la fijación de precios de los productos esenciales, que han sido objeto de vergonzosa especulación por parte de algunas empresas de nuestro país.


  1. Respecto del retorno a clases, rechazamos enérgicamente que se consideren aceptadas las vacaciones de invierno dentro del período de receso escolar por pandemia, y menos aún reiniciar clases en este mes de abril, si aún está en plena evolución la fase 4 del Covid 19 en Chile.  Resulta entonces fundamental que se considere la opinión de las comunidades educativas y de los sostenedores, con el mismo celo y disposición que cuando el Gobierno conversa con los grandes empresarios de nuestro país. No asumiremos decisiones inconsultas tomadas a espaldas de los principales protagonistas del proceso educativo.


  1. Hacemos un llamado a dar facultades extraordinarias a los Municipios de Chile, para atender las necesidades de nuestros vecinos y vecinas; que se aceleren las decisiones tendientes a paliar la grave crisis financiera que afecta a los Municipios, con fondos de libre disposición. Y de ese modo el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, restituya los dineros invertidos por los Municipios en la prevención y mitigación del daño que la Pandemia ha provocado en las comunidades locales. Que el Gobierno suplemente además, la significativa baja de ingresos municipales causada por la disminución de la actividad económica, desempleo y las medidas tomadas desde el nivel central que no consideraron el impacto negativo en las arcas Municipales. 


  1. En el mismo sentido llamamos al Gobierno a utilizar todas las herramientas disponibles, entre las que destaca la posibilidad de hacer efectivo el decreto de Catástrofe por escasez Hídrica, para ir en ayuda de los territorios que enfrentan este flagelo, especialmente en las actuales circunstancias.


  1. Finalmente, advertimos oportunamente, que de no resolverse la baja de ingresos municipales con la inyección de recursos frescos desde el Gobierno para los Municipios chilenos, nos veremos obligados a tomar, respecto de nuestras dotaciones y programas, medidas dolorosas, no descartando acciones legales contra el Estado Central que ha abandonado a los chilenos y chilenas a la suerte de los exiguos recursos económicos de los Municipios,  limitando drásticamente la capacidad de éstos, de entregar el apoyo social y económico a los sectores más vulnerables de nuestras comunas y al mismo tiempo de garantizar la dignidad de los aislamientos o cuarentenas cuando sea necesario, exacerbando aún más las profundas desigualdades entre las chilenas y chilenos.


Firman:


Audito Retamal, Alcalde San Pedro de la Paz

Daniel Jadue, Alcalde de Recoleta

Brunilda González, Alcaldesa de Caldera

Ramona Reyes, Alcaldesa de Paillaco

Gonzalo Montoya, Alcalde de Macul

Juan Carrasco, Alcalde de Quilicura

Mauro Tamayo, Alcalde de Cerro Navia

Rodrigo Sánchez, Alcalde de La Ligua

Boris Chamorro, Alcalde de Coronel

Bernardo Leighton, Alcalde de Canela

Manuel Marcarian, Alcalde de Los Vilos

Alejandro Huala, Alcalde de Coyhaique

Enrique Olivares, Alcalde de Rauco

Cristian Tapia, Alcalde de Vallenar

Juan Carlos Reinao, Alcalde de Renaico

Rodrigo Loyola, Alcalde de Huasco

Cesar Orellana, Alcalde de Freirina

Adolfo Millabur, Alcalde de Tirúa

Manuel Painiqueo, Alcalde de Lumaco

Alfonso Coque, Alcalde de Cunco

Gustavo Valdenegro, Alcalde de Petorca

Patricio Aliaga, Alcalde de Cabildo

Gonzalo Durán, Alcalde de Independencia

Gerardo Espíndola, Alcalde de Arica

miércoles, 15 de abril de 2020

Comunicado Público

C O M U N I C A D O
La Resistencia Mapuche Lavkenche declara:

Pu weichave de la Resistencia Mapuche Lavkenche reivindicamos la acción
armada realizada este lunes 13 de abril en el sector de Lleu Lleu en contra de efectivos policiales al servicio de empresas forestales
usurpadoras de nuestro territorio ancestral. Con este acto damos un paso firme hacia la unidad de la resistencia mapuche en la zona Lavkenche y reafirmamos nuestro compromiso irrestricto de expulsar de nuestro
territorio a las empresas forestales y cualquier otra expresión capitalista que atenten contra la vida mapuche y de los pueblos.

Esta acción es fruto de numerosos nütram (diálogos) de las distintas expresiones de la Resistencia Mapuche, cuyo sustento cultural y político germinan desde el weichan y el control territorial que desarrollan los distintos Lov y comunidades mapuche en Resistencia en los predios forestales ocupados masivamente, donde se ha plasmado materialmente la
autonomía comunitaria en base a la independencia organizativa, alejado de las directrices políticas que la institucionalidad winka y empresas forestales han diseñado para algunas zonas mapuche y que hoy amenazan con desatar una verdadera guerra interna amparada por el gobierno, fiscales y policías.

Es lo que ocurre en la zona sur del Lago Lleu LLeu, donde algunos dirigentes yanaconas han llevado a sus comunidades a trabajar
mancomunadamente con la empresa forestal Mininco. Dicho trabajo es dirigido por los dirigentes Santos Reinao, Jorge Lincopan y Arturo Millahual, todos reconocidos operadores políticos de la institucionalidad winka que por años han pactado con las forestales.
Estos dirigentes han ocupado la lucha mapuche para intereses propios, arrastrando a sus bases a seguir bajo el yugo colonial de estas empresas que por años han saqueado y destruido nuestra tierra, secado nuestras
aguas,  alterado nuestro itrovil Mongen y enriqueciéndose a costa de la pobreza de nuestra gente.

Fue así como en diciembre de 2018, 11 comunidades mapuche ocuparon el
fundo Choque, reivindicando, según ellos, 20 mil hectáreas. Dicha ocupación no sólo fue una puesta en escena para lo que vendría, sino que
además pasó por encima de la lucha que otras expresiones de la resistencia mapuche desarrollaron por años en dicho fundo, saboteando los intereses de Mininco, ocupando algunos paños de tierra reconstruyendo así la vida mapuche.

A poco más de un año el escenario es diametralmente opuesto. Hoy la
empresa forestal Mininco ha vuelto a tener el control del fundo Choque, los dirigentes, como Santos Reinao, se han convertido en contratistas de Mininco y las comunidades hoy reforestan este predio con pinos y eucaliptus, perpetuando así el modelo forestal.Esta empresa ha optado por incorporar a las comunidades al negocio y para brindar el éxito del plan, incluso han creado brigadas de seguridad armadas dirigidas por algunos mapuches, varios de ellos antiguos militantes de la resistencia mapuche que trabajan en complicidad con policías y fiscales. Entre ellos
destacan comuneros que en 2015 fueron torturados por carabineros al interior de un fundo de Mininco, encarcelados y  ahora, de forma increíble, han traicionado a su pueblo y sin ninguna dignidad pasaron al bando enemigo transformándose en un grupo paramilitar.

Por estos hechos es que como Resistencia Mapuche Lavkenche reivindicamos las armas y el derecho a la autodefensa y asumimos la obligación de expulsar, de forma definitiva, a las empresas forestales y sus lacayos
de nuestro territorio. Hacemos un llamado también a las comunidades aludidas a reflexionar sobre su actuar y retomar un camino propio como mapuche, basado en las normas que han trazado nuestros kuivikeche y que nos obliga a no tranzar con el winka usurpador.

Por territorio y autonomía
libertad a los presos políticos mapuche

Resistencia Mapuche Lavkenche