Artistas Amenazados por Rufianes, lumpen Pagado. Presentan Recurso Judiciales

Ante Amenazas Artistas Apelan a la Ciudadanía y la Cultura

DECLARACIÓN PÚBLICA

Somos Delight Lab, un estudio lumínico audiovisual con más de 11 años de trayectoria que trabaja en el ámbito de la cultura y las artes. Nuestro trabajo responde a una profunda sensibilidad artística y humanitaria y, en particular, ante las crisis sociales y ambientales que ocurren en Chile y en el mundo, hemos querido expresar creativamente, de manera pacífica y silenciosa, una sensibilidad universal sólo utilizando la luz.

No tenemos ninguna afiliación política, trabajamos autónomamente desde el arte y es desde nuestro rol de ciudadanos-artistas que hemos realizado una serie de intervenciones lumínicas, muchas de las cuales han sido ampliamente difundidas por los medios de comunicación y las redes, sobre todo las realizadas sobre la fachada del edificio de la Telefónica en los últimos meses.

En este momento queremos denunciar ante la opinión pública que estamos siendo víctimas de amenazas, amedrentamiento, hackeo y censura: tememos por nuestra integridad física y solicitamos el apoyo de la comunidad cultural y de todos aquellos quienes comparten los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos.
A continuación exponemos los antecedentes.

1. El pasado domingo 17 de mayo nuestra cuenta de instagram (principal plataforma de
difusión de nuestro trabajo) fue hackeada, impidiendo su acceso.
Posteriormente fue borrada, por lo cual tuvimos que crear una nueva cuenta.

2. El día lunes 18 proyectamos la palabra “Hambre”, como un modo de promover la ayuda a personas que están sufriendo esta crisis en Chile. Ese mismo día, recibimos una serie de emails, mensajes personales, ataques e insultos a través de redes sociales e incluso cuentas privadas. Además, subieron fotos nuestras, que incluían nuestro rut, direcciones y otros datos privados. No reproduciremos acá el calibre de los insultos y groserías recibidas, pero nos advertían que nos “cuidáramos” y que si seguíamos haciendo nuestro arte sufriríamos las consecuencias. A esto se suman las inaceptables palabras del diputado RN Diego Shalper, quien nos trató de “miserables” y pidió que se investigara y persiguiera a quienes estaban detrás de las proyecciones lumínicas porque responderíamos a una “ideología y agenda política, violencia incluida”. Estas declaraciones sí son violentas, no lo que hacemos nosotros, e incluso alguien podría interpretarlas como una incitación a las persecuciones y amedrentamientos que
estamos sufriendo.
3. Ayer, martes 19 de mayo, mientras realizábamos otra proyección, de la palabra
“Humanidad”, aparecieron unos focos blancos, desde un camión especialmente habilitado y protegido por Carabineros, iluminando la zona de manera de hacer ilegibles los mensajes, en un inaceptable acto de censura y atentado a la libertad de expresión.

Es evidente que esto obedece a una operación previamente concertada que pone en riesgo nuestra integridad física y vulnera nuestros derechos, por lo cual estamos interponiendo un recurso de protección. Además, por otro lado, reafirma el impacto social de lo que hemos hecho.
Como artistas, avalados por toda nuestra conocida trayectoria, lo que menos podemos pedir es que la autoridad cumpla con protegernos y lo que pacíficamente hacemos, sancione a los responsables y aclare estos hechos  a la brevedad. Nuestra acción de arte, lejos de ser un delito, ha sido visto por la mayoría de la gente (eso está consignado vastamente en la prensa) como un acto humanitario y sensible del duro momento que vivimos.
Octavio Gana
Andrea Gana
Delight Lab Santiago, 20 de mayo de 2020

Comunicado de Prensa

6 de mayo, 2020   MOVILH: “SISTEMA INTERNACIONAL DE DDHH EXIGE MEDIDAS PRO-LGBTI A RAIZ DEL COVID-19, PERO EN CHILE HAY OLVIDO ESTATAL Y SOCIOPOLITICO”. Mientras la ONU y la OEA han advertido sobre los abusos homo/transfóbicos sufridos por personas LGBTI en sus casas o barrios en el marco de la pandemia, en Chile las denuncias por estos atropellos han aumentado un 40%.   El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) acusó hoy “olvido estatal y sociopolítico para hacer frente a la doble vulnerabilidad que afecta a algunas personas lesbianas, gays, bi, trans e intersex (LGBTI) en el marco de la pandemia Covid-19, con lo cual se han desatendido las exigencias del sistema internacional de derechos humanos,  como si la homofobia o la transfobia no existieran en Chile”. El dirigente del Movilh, Óscar Rementería, precisó que “las denuncias recibidas por nuestra organización por abusos homo/transfóbicos en espacios familiares y vecinales han aumentado un 40% desde el inicio de las cuarentenas y el toque de queda. Una encuesta que aplicamos a la personas LGBTI arrojó similar resultado. Se trata de agresiones físicas y verbales muy graves. A esto se suma que la víctimas LGBTI no confían en Carabineros, cuyos abusos homo/transfóbicos aumentaron un 100% el último año. Pese a advertir públicamente de esta situación, el Estado no se ha hecho cargo, mientras que a nivel sociopolítico existe olvido”. “Las víctimas de la homo/transfobia requieren ayuda en tanto son un sector vulnerable al igual que otros sectores discriminados, para los cuales sí se han implementado medidas especiales en el contexto de la pandemia. Aquí no solo se ha dejado de lado a las víctimas, pues a nivel sociopolítico no hay señales pro-derechos LGBTI, mientras buena parte de la prensa no ha dado espacio a esta realidad.  Apelamos a un trato igualitario y justo, que se hace cargo de la doble vulnerabilidad que afecta en cualquier crisis a los sectores desaventajados, sea cual sea la razón de la discriminación que los afecta”, señaló. Del mismo modo “exigimos al Estado y a sus autoridades que se hagan cargo de las exigencias que sobre este tema han formulado Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.   Pronunciamientos de la ONU y de la CIDH El pasado 17 de abril la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que “las personas LGBTI están entre las más vulnerables y marginadas en muchas sociedades, y entre las más expuestas a COVID-19”. “Sabemos que los esfuerzos para enfrentar la pandemia solo funcionarán si se protegen los derechos de todas las personas a la vida y la salud. Para las personas LGBTI, esto significa identificar y abordar las formas en que son particularmente vulnerables, asegurar que no enfrenten discriminación y buscar soluciones. También significa asegurar que sus voces sean oídas”, añadió “Para el colectivo LGBTI su casa puede no ser un lugar seguro. Dada la petición #QuedateEnCasa y las medidas de confinamiento, hay que asegurar el acceso a alojamiento y apoyo durante la crisis del #COVID19”, redondeó la ex presidenta de Chile. Tres días más tarde, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó “a los Estados a garantizar los derechos de igualdad y no-discriminación de las personas LGBTI en las medidas de atención y contención adoptadas, en particular asegurar el acceso de estas personas a servicios de salud y programas de atención social con una perspectiva de seguridad humana integral”. Para la CIDH, “algunas de las disposiciones adoptadas en los Estados de la región en respuesta a la pandemia pueden conllevar riesgos para los derechos de las personas LGBTI o aquellas que son percibidas como tales, y derivar en actos de discriminación y violencia basados en el prejuicio”. “La policía y otras fuerzas de seguridad de los Estados de la región, a menudo, comparten las mismas actitudes y prejuicios contra personas LGBTI que prevalecen en la sociedad en general. Considerando las funciones que la policía y otras fuerzas de seguridad cumplen durante la vigencia de las medidas de contención, la CIDH llama a los Estados a adoptar políticas de sensibilización dirigidas a las fuerzas del orden público y a las autoridades judiciales en materia de identidad y expresión de género, que tomen en cuenta que las personas trans y de género diverso, frecuentemente, no cuentan con un documento de identificación personal que refleje de manera adecuada su identidad y/o expresión de género”, apuntó el órgano. La Comisión reiteró además “su recomendación de garantizar mecanismos legales sencillos y expeditos que posibiliten a toda persona registrar y/o cambiar, rectificar o adecuar su nombre y los demás componentes esenciales de su identidad como la imagen, o la referencia al sexo o género, de una manera prioritaria durante la pandemia”. Por otro lado, “la Comisión ha llamado la atención reiteradamente sobre la situación de pobreza que afecta a personas LGBTI, caracterizada por exclusión social y altas tasas de falta de vivienda, lo que les empuja hacia la economía informal y a participar en el trabajo sexual”. En paralelo, la Comisión pidió “garantizar el acceso a servicios de salud de las personas LGBTI en observancia del derecho de igualdad y no-discriminación, principalmente durante la pandemia, incluyendo la continuidad en la distribución de antirretrovirales para las personas que viven con VIH” Por último, “la Comisión resalta que las medidas de distanciamiento físico implementadas para la contención de la pandemia implican que las personas LGBTI, o que son percibidas como tales, incluyendo niñas, niños y adolescentes (NNA), permanezcan en sus hogares durante períodos prolongados. Como ha sido indicado por la CIDH anteriormente, niñas, niños y adolescentes LGBTI a menudo enfrentan el rechazo de sus familias y la comunidad, quienes desaprueban su orientación sexual e identidad de género, lo que les sitúa en una condición particular de vulnerabilidad. Además, no escapa de la atención de la Comisión que muchas personas, incluyendo NNA, han sido obligadas a abandonar sus hogares por razón de prejuicios contra su orientación sexual, identidad o expresión de género”. Por todo, “la Comisión exhorta a los Estados a adoptar o fortalecer protocolos de atención y sistema de denuncias para las personas LGBTI, incluyendo NNA; y que tomen en cuenta el prejuicio, la discriminación y la violencia que pueden padecer en sus hogares en el contexto de la pandemia, garantizando el refugio seguro de las personas que han sido expulsadas u obligadas a abandonar sus hogares”.   Nota relacionadas:   ENCUESTA: Personas LGBTI en Chile: el 38% reporta incremento de la homo/transfobia en sus casas o barrios tras la aparición del coronavirus https://www.movilh.cl/personas-lgbti-en-chile-el-38-reporta-incremento-de-la-homo-transfobia-en-sus-casas-o-barrios-tras-la-aparicion-del-coronavirus/ CONTACTO: OSCAR REMENTERÍA VOCERO DEL MOVILH CELULAR: +56 9 77986708  EMAIL: OSCAR@MOVILH.CL  AQUÍ: Suscriba un email a nuestra base de datos de notas y pautas de prensa. Cancelar suscripción

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Alcaldes Exigen al Gobierno Cuarentenas Regionales

DECLARACIÓN PÚBLICA

Ante el rotundo fracaso y la evidente arbitrariedad y profundo sesgo político con que se ha estado aplicando la estrategias de Cuarentenas Dinámicas por parte del Gobierno de Sebastián Piñera y su ministro de Salud, Sr Jaime Mañalich y ad portas de una posible crisis sanitaria de dimensiones insospechadas, los Alcaldes y Alcaldesas abajo firmantes venimos en declarar públicamente lo siguiente.

1.    Exigimos la aplicación inmediata de Cuarentenas Regionales con el objeto de detener el avance de la Pandemia, por al menos 14 días.

2.    Llamamos al Gobierno a dejar de lado el lenguaje agresivo que se pretende instalar con aplicación de una verticalidad del mando que no se condice con el funcionamiento de la democracia y llamamos a poner en su lugar un lenguaje consistente con una real voluntad de colaboración y trabajo en equipo, con las distintas autoridades que intervienen, en los distintos niveles subnacionales, en el abordaje de la Pandemia que nos afecta.  Entendemos que es un problema de Estado y los municipios somos parte de éste.

3.    De la misma manera llamamos a dejar atrás el lenguaje de Nueva Normalidad y del Retorno seguro, ya que constituyen un error comunicacional que solo confunde a la población y llama indirectamente a relajar las medidas de autocuidado, distanciamiento físico y cumplimiento estricto de las recomendaciones y directrices emanadas, tanto del Gobierno como de las autoridades locales.

4.    Exigimos un refuerzo significativo a la Seguridad Pública y responsabilizamos al Gobierno de la grave situación de inseguridad que se está produciendo en la Región Metropolitana y particularmente en las horas de toque de queda. Los turnos del personal policial han resultado insuficientes, y los municipios no contamos ni con recursos ni atribuciones para hacer frente solos en el ámbito local en el aumento sostenido de delitos y de la sensación de inseguridad de nuestros vecinos.

5.    Llamamos también a fortalecer la fiscalización de las medidas dictadas para hacer cumplir la cuarentena y el toque de queda, labor que según la normativa recae sobre las autoridades del nivel central y ha sido específicamente encomendada a las Fuerzas Armadas, hasta ahora sin presencia en la mayoría de las comunas de la Región, incluyendo las vinculadas a visitas de personas a sus segundas viviendas.

6.    Reiteramos el llamado a aumentar los recursos destinados a paliar la situación de las familias vulnerables y de clase media, mediante una renta básica de emergencia que esté a la altura de las necesidades ya que de esto depende la posibilidad real de dar cumplimiento a las medidas de aislamiento social.  Solicitamos además que el aumento en gasto social se financie con una reestructuración presupuestaria a las inversiones que se están haciendo en materia de defensa y FF.AA.

7.    Reiteramos la urgente necesidad de resolver el creciente déficit financiero de los municipios, a fin de que podamos financiar las políticas sociales de emergencia que permiten asegurar la alimentación y los servicios mínimos a aquellos hogares que han perdido o perderán su forma de sustento. 

8.    Por último hacemos un llamado a incorporar a los Municipios en la estrategia de testeos masivos que se viene anunciando hace varias semanas y proveer a los municipios de los insumos necesarios para terminar, lo antes posible, con la campaña de vacunación contra la Influenza, lo que no ha podido llevarse a cabo por la falta de stock de las vacunas mencionadas.

1.    Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia.

2.    Gonzalo Montoya, alcalde de Macul.

3.    Juan Carrasco, alcalde de Quilicura.

4.    Daniel Jadue, alcalde de Recoleta.

5.    Sergio Echeverría, alcalde de San Joaquín

6.    Maximiliano Rios, alcalde de Lo Prado

7.    Gonzalo Durán, alcalde de Independencia.

8.    Brunilda González, alcaldesa de Caldera

9.     Isaías Zavala, alcalde de Diego de Almagro

10.    Rodrigo Sánchez, alcalde de La Ligua

11.    Bernardo Leighton, alcalde de Canela

12.     Manuel Marcarian, Alcalde de Los Vilos 

13.    Cristian Tapia, Alcalde de Vallenar

14.    Mario Morales, alcalde de Tierra Amarilla

15.     Rodrigo Loyola, alcalde de Huasco

16.    César Orellana, alcalde de Freirina

17.    Marcos López, alcalde de Copiapó

18.    Patricio Ferreira, alcalde de Alto Hospicio

Almagro el Agente del Terrorismo Internacional

Almagro: el agente

    A estas alturas, ya nadie podría dudar que la Organización de Estados Americanos (OEA), creada en 1948, es y ha sido un organismo dedicado a mantener la hegemonía de los Estados Unidos en América Latina, desde los tiempos de la posguerra, hasta los días de hoy; más aún, cuando por ejemplo en 2015, el país de Trump llegó a financiar el 52% del presupuesto anual de la institución. De ahí el apelativo de “Ministerio de Colonias”, con el que se le conoce en Nuestra América.

    Por ello, no es novedad tampoco, que la OEA haya sido un organismo servil para la desestabilización de los gobiernos progresistas de la Patria Grande, como consta en las sanciones comerciales contra Cuba. Y sin embargo, el ciclo inaugurado por Luis Almagro como Secretario General del organismo, goza de una particularidad  y es que, en sintonía con los tiempos, los Estados Unidos han puesto a un personaje polémico y desprolijo, que disfraza la perversión del capitalismo. Así como Trump, Bolsonaro, Salvini, Piñera: Almagro. 

    La nueva estrategia del poder, que consiste en camuflar los crímenes más perversos tras la máscara de un líder polémico, que desvía la atención de la opinión pública hacia sus imprudencias, para que pasen inadvertidas sus perversiones,  llegó a la Organización de Estados Americanos, e hizo de ella un organismo cómplice de crímenes de lesa humanidad.

    Almagro, quien –por cierto– nunca ha aclarado los motivos de su abrupta salida de Irán como embajador, intentó disfrazarse de democrático, pero los Uruguayos del Frente Amplio, que algo saben de democracia, no pasaron por alto sus agresiones, y en diciembre de 2018 el Tribunal de Conducta Política lo expulsó. El líder del Frente Amplio, Pepe Mujica, fue categórico “Lamento el rumbo por el que enfilaste…por eso formalmente te digo adiós y me despido” –le dijo–.

    Y cómo no lamentarlo, si dentro de sus acciones como Secretario General de la OEA, Almagro abrió la puerta a una intervención militar de Estados Unidos contra Venezuela, pidió la aplicación de la Carta Democrática y en una bullada declaración, intentó fustigar el último proceso constituyente del pueblo de Bolivar, mediante un vídeo en el que le inventó –si, leyó bien, inventó– categorías jurídicas que no existen en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para acusar el proceso de inconstitucional. 

    En paralelo, Almagro, en coordinación con el Departamento de Estado Norteamericano, montó el grupo de Lima, después de que su posición contra Venezuela perdiera en la Asamblea General de la OEA. Entre los integrantes de dicho grupo estaban sus amigos: Macri, que perdió las últimas elecciones y dejó a Argentina con la deuda externa más grande de la historia y la pobreza en más de un 35%; Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo que renunciar por corrupción a la presidencia del Perú; Michel Temer, corrupto presidente interino del Brasil con más de seis causas de corrupción a sus espaldas, tras el golpe de estado contra Dila Russseff; y por supuesto, Sebastián Piñera, con una causa abierta en los Estados Unidos, por tráfico de influencias; entre varios otros gobiernos cercanos al gigante (egoísta) del norte.

    Todo esto, mientras la OEA guardaba un silencio cómplice con las violaciones a los derechos humanos en Haití, y posteriormente respaldaba a los gobiernos de Ecuador (Lenin Moreno), cuando asesinaba indígenas en las protestas de comienzos de octubre de 2019 y de Chile (Sebastián Piñera), incluso después de las decenas de asesinados y los más de cuatrocientos mutilados en cuatro meses de protestas.

     Y sin embargo, las cosas no terminaron ahí. El 25 de octubre pasado, el Presidente Evo Morales fue reelecto con un 47,08% de los votos, contra un 36,51% del candidato opositor Mesa. La oposición desconoció el resultado, acusando que el proceso tuvo vicios.

 El mismo Presidente Morales, en un acto de total transparencia, pidió una auditoria de la OEA. A sabiendas de que los resultados eran verídicos, el 10 de noviembre la oposición,  mediante el Comandante en Jefe del ejército Williams Kaliman –que 72 horas después arrancó a Estados Unidos, con un millón de dólares en su cuenta–, dio un ultimátum al Presidente. 

Dieron un golpe de Estado. Secuestrando y amenazando de muerte a líderes oficialistas y sublevando a las fuerzas armadas, obligaron al Presidente Morales a renunciar, con el pretexto de un informe preliminar de la OEA, que dictaminaba un fraude electoral.

    El 25 de noviembre ¡quince días después del pronunciamiento de la OEA! La misma OEA, reconoció a Alfredo Serrano del Centro Estratégico de Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), que no existía ningún informe definitivo al respecto. Y como si fuera poco, el pasado 27 de febrero, en un artículo publicado en The Washington Post, investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), dieron un golpe lapidario al informe de Almagro: ¡No hubo fraude en Bolivia! ¡El único fraude fue el informe de la OEA!

    El golpe de estado, que llevó a la cabeza del gobierno a Jeanine Áñez, ha sido de las perversiones más grandes que ha maquinado Almagro: 36 asesinados, cientos de detenidos ilegales y miles de heridos, ha sido el saldo preliminar que ha dejado la presidenta ilegítima y sanguinaria, que tomara el control de la promesa económica del progresismo latinoamericano. Todo ante el silencio de la Secretaría General de Almagro. 

    Una cosa que a estas alturas es clara. Luis Almagro es un agente de la CIA, puesto como Secretario General de la Organización de Estado Americanos para desestabilizar gobiernos y perseguir a cualquiera que ostente mínimos grados de independencia en su política exterior.  

    Pero el crimen no puede disfrazarse de democracia, y tarde o temprano, las caretas se caen. Luis Almagro es un criminal, responsable de un golpe de Estado y del asesinato de decenas de compatriotas. Las instancias internacionales tendrás que pronunciarse. 

opinión Senador Navarro Covis EE UU

EEUU y la guerra como respuesta a su derrota ante COVIT 19

    El pasado 31 de marzo el Departamento de Estado de los Estado Unidos, emitió un documento en el que plantea un Marco para la Transición Democrática y Pacífica en Venezuela, exigiendo la dimisión del Presidente Nicolás Maduro, cabeza del Gobierno democrático y soberano de la República Bolivariana de Venezuela, a cambio de finalizar el bloqueo y proveer ayuda humanitaria, en el contexto de la pandemia de COVID-19 que asola al globo.

    Hasta ahí, nada nuevo, a pesar de lo irónico que pueda resulta que el país que actualmente es el epicentro del contagio y difusión del COVID-19, con más de 245 mil casos diagnosticados y más de 6 mil muertos, esté preocupado de la situación sanitaria de un país caribeño; en lugar de ayudar a sus más de 40 millones de pobres condenados a muerte por falta de asistencia. 

    Sin embargo, este Marco para la Transición, que podría haber sido una chambonada más de la dupla compuesta por un empresario lunático y un psicópata (Trump y Pompeo) –a cargo de la potencia militar más grande la historia de la humanidad– coge una especial relevancia, en el contexto en que se propuso. 

El 27 de marzo, cuatro días antes del Marco para la Transición, el Gobierno norteamericano ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por la captura del Presidente Maduro, al más puro estilo del Lejano Oeste. El 1 de abril, solo un día después del Marco para la Transición, Trump anunció que duplicaría la capacidad bélica del Comando Sur en el mar Caribe y en el Pacífico Oriental.

Bajo la excusa de luchar contra el narcotráfico, Estados Unidos envió un contingente de buques destructores, navíos de combate, aviones y helicópteros, para asediar las costas venezolanas; en circunstancias que según el Informe Anual de Drogas de 2019, realizado por la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), es Colombia y no Venezuela, el país que produce más del 70% de la cocaína que se consume a nivel mundial.

Algo huele mal en el Marco para la Transición Democrática y Pacífica en Venezuela, que si de democrático tiene poco, de pacífico nada.

Estas tres acciones: (1) el Marco para la transición, (2) la puesta de precio a la captura del Presidente Maduro y (3) el reforzamiento del Comando Sur, son maniobras que no pueden pasar desapercibidas y que exigen el pronunciamiento de la comunidad internacional, por un lado, y la solidaridad de América Latina, por el otro, pues la coyuntura es particular.

Si partimos de lo inmediato, es evidente que la administración Trump requiere un distractor, que desvíe el foco del mal manejo sanitario que ha tenido ante la crisis del COVID-19, que lo ha llevado a afirmar con la poca vergüenza que lo caracteriza, que consideraría un “muy buen trabajo” tener solo 200 mil muertos, producto de la pandemia. Solo una mente retorcida, podría poner la frase “muy buen trabajo”, junto a la cifra de 200 mil muertos.

Un daño a su imagen interna, que puede traerle consecuencias electorales; al que hay que sumar su derrota internacional ante China, que con un mes más de COVID-19 activo en su población, logró detener la expansión del virus con un tercio de los casos que Estados Unidos y la mitad de las muertes, que en la superpotencia americana no paran de subir. Humillación clara y absoluta, ante su rival económico más fuerte.

No obstante, el manejo mediático no es el único factor que hace a Estados Unidos querer abrir un conflicto en los mares del Caribe. El 27 de marzo pasado –el mismo día que Trump le puso precio al Presidente obrero Nicolás Maduro– el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) declararon a la economía mundial en recesión. 

Ese mismo día, Nancy Pelosi, Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos dijo: "Nuestra nación enfrenta una emergencia económica y de salud de proporciones históricas debido a la pandemia del coronavirus, la peor en más de 100 años". Acto seguido la Cámara aprobó un paquete de estímulos fiscales por 2 billones de dólares, lo que da cuenta de la real magnitud de la crisis.

El escenario que configuró Estados Unidos ese 27 de marzo, fue el siguiente: 

1. La amenaza internacional a la economía por el COVID-19, declarada por el FMI.

2. La contención nacional de 2 billones de dólares, aprobada por la Cámara de Representantes.

3. La salida internacional, poniendo como blanco al Presidente Nicolás Maduro y a la República Bolivariana de Venezuela, encabezada por Trump.

Ante la inminente recesión, Estados Unidos recurrió a lo que mejor sabe hacer en una crisis: la guerra. 

La guerra por la guerra, para generar un golpe de demanda hacia el Complejo Militar Industrial de Estados Unidos, ya que según datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), las cien empresas de comercialización y fabricación de equipamiento militar y armamentos, facturaron 398.200 millones de dólares en 2017. De esas cien empresas el 42% son norteamericanas y concentran el 57% de las ventas. Al respecto, no habremos de olvidar jamás que la supremacía económica de Estados Unidos, se inauguró a partir del auge del negocio armamentista durante la Primera Guerra Mundial.

La guerra contra Venezuela, porque no solo de guerras vive el Tío Sam. Estados Unidos consume actualmente 20 millones 400 mil barriles diarios de petróleo y a pesar de que Trump ha procurado la autonomía del combustible, este sigue siendo de inferior calidad al extraído en Medio Oriente y en América Latina, manteniendo importaciones por un millón de barriles diarios desde el Golfo Pérsico. 

El petróleo es y será vital para la economía norteamericana y Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo del mundo, por sobre Arabia Saudí, Irán o Irak. Recordaremos entonces, que John Bolton señaló en enero de 2019: “Estamos conversando con las principales compañías estadounidenses ahora, (para que) produzcan el petróleo en Venezuela. Sería bueno para el pueblo de Venezuela y el pueblo de los EE.UU.”, aún no se aprecia el beneficio para el pueblo venezolano, pero para las corporaciones norteamericanas está claro.

Estados Unidos, ha sufrido derrotas permanentes y sistemáticas en Venezuela, desde que en 2002 intentara dar un golpe de Estado contra el Presidente Chávez e iniciara un bloqueo económico, que solo entre 2013 y 2017 ha significado la pérdida de 1,6 PIBs para la República Bolivariana; a lo que habrá que sumar el ridículo internacional que ha hecho con el autoproclamado Presidente Juan Guaidó.

A pesar de ello, tras 18 años el imperio del norte insiste, y arremete de manera cada vez más frontal contra la patria de Bolivar. Los pueblos de América no podemos callar, ni muchos menos permitir que en un momento de crisis humanitaria, Estados Unidos amenace de muerte a la Patria Grande, para salvar su imagen y su economía. 

Alejandro Navarro Brain
Senador de la República de Chile

Columna de Opinión Senador Navarro

Geopolítica: América del Sur y COVID-19

    La pandemia de COVID-19 y sus cientos de miles de muertos, ha purificado el lenguaje de la diplomacia en el mundo, le ha restado barroquismo y ha sacado de los entretelones, para ponerlo a la luz, al código primero de la política internacional: las relaciones de fuerza entre los Estados.

    Berlín acusó a Washington D.C. del embargo ilegal de 200 mil mascarillas en Tailandia que iban rumbo a la potencia europea, cuestión tildada de inmediato como un acto de piratería por el ministro del interior Alemán. España acusó la retención de respiradores mecánicos por parte del gobierno de Turquía en el aeropuerto de Ankara; a lo que se suma el conflicto multilateral entre la misma España, Italia y Francia, por la incautación de casi dos millones de mascarillas en Lyon, lo que solo se solucionó por las presiones del gobierno sueco, para que los cargamentos lleguen a destino.

    América Latina y, en particular, América del Sur, no ha quedado exenta del conflicto, pero mientras las potencias occidentales se muestran los dientes, nuestros países se arrastran patéticos pagando, una vez más, el precio por el fracaso de las políticas de integración subcontinental.

Estados Unidos embargó 60 respiradores mecánicos que iban de Taiwán a Paraguay, y lo único que nuestro país hermano puedo hacer fue una tímida nota de protesta; Chile, para poder traer respiradores mecánicos ha tenido que montar un operación secreta con su fuerza aérea, más que por sigilo, por temor al embargo; y Perú realiza cálculos complejos de rutas y escalas, para poder importar insumos médicos, sin que sean requisados por otro país. 

En cuestión de días, todos nos convertimos en Venezuela, o en Cuba, sufrimos la incautación de productos de primera necesidad y lamentamos haber seguido las rutas del egoísmo liberal, que ha mantenido dividida por más de 200 años a una patria, cuyo destino siempre ha sido ser una sola.

La última pandemia que enfrentó nuestro continente, fue la del H1N1 en 2009. En aquel entonces, se reunieron en Guayaquil, Ecuador, todos los ministros de salud de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). En la instancia, se acordaron mecanismos de adquisición de vacunas, estrategias de atención a la población de riesgo y planes de comunicación social, para que el continente esté bien informado. La conclusión política, en palabras del Ministro de Salud del Ecuador de ese entonces, tuvo relación con "las ventajas de negociar en bloque para asegurar mejores precios y calidad".

En medio de la crisis, América del Sur aconteció como una sola en el escenario global y de la mano de la UNASUR, se establecieron condiciones ventajosas de negociación para nuestros pueblos. Lejano panorama, si lo vemos desde hoy.

Esa fue solo una de las muestras de fuerza, que el incipiente organismo de integración regional, dio como señal de soberanía y patriotismo. Demás está decir, que la templanza fue castigada. Estados Unidos, aprovechó la ola de gobiernos conservadores para debilitar a la UNASUR y castigar los esfuerzos progresistas, hasta que en 2018  Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, congelaron su participación y optaron por un organismo paralelo: el Foro para el Progreso de América del Sur (ProSur).

El discurso enarbolado para debilitar la UNASUR, fue su carácter “ideológico”, cuestión del todo curiosa, ya que es un organismo que funciona por consenso. En realidad, lo que no le perdonaron fue que afirmara el derecho a la autodeterminación y que promoviera la unidad política del subcontinente, como la única manera de incidir en la escena global.

En contraste, ante la crisis del COVID-19, el ProSur ha realizado dos vídeo conferencias, en las que ha excluido a Venezuela, lo que demuestra que el único organismo “ideológico” es el mismo ProSur, pero que, en todo caso, no la ha excluido de mucho, pues han sido reuniones de nula capacidad resolutiva. Y así nos tienen: negociando por separado, con temor a los embargos, sin políticas continentales para el manejo de la crisis y en al alba de una hecatombe económica, que volverá a millones de personas a la pobreza.

Algún día, la historia nos juzgará. De seguro Estados Unidos será condenado como el canalla mayor, pero más triste que las canalladas, son las cobardías de las élites conservadoras de América del Sur, que sin ningún sentido patrio, boicotearon el proyecto de integración más exitoso de la historia de nuestra región, junto con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que unió a los países al sur del Río Bravo, cuyo primer Presidente fue Sebastián Piñera, lo que da fe acerca de que la unión de América Latina debe estar por sobre las disquisiciones entre la izquierda y la derecha. 

    Una sola potencia sudamericana, o mejor, latinoamericana, es mucho más que un montón de republiquetas negociando por separado, condenándose mutuamente a la irrelevancia. O vencemos juntos, o caemos de a uno, ese es el dilema de América del Sur, ante el COVID-19.   

Alejandro Navarro Brain
Senador de la República de Chile

Nota Prensa Movih

15 de abril, 2020     Personas LGBTI en Chile: el 38% reporta incremento de la homo/transfobia en sus casas o barrios tras la aparición del coronavirus     Los conflictos se han traducido en violencia psicológica (58,2%), verbal  (40,6%) y física (1.2%). El 78,4% estima además que el avance de los derechos LGBTI se verá afectado en 2020 a raíz del coronavirus. El 92,6% dice que todo evento masivo pro-derechos LGBTI debe suspenderse por todo este año si el contacto social sigue siendo riesgoso.       Encuesta completa aquí: https://www.movilh.cl/wp-content/uploads/2020/04/Coronavirus-LGBTI-Covid-19.pdf     La aparición del coronavirus y las medidas implementadas por el Estado para prevenirlo, como las cuarentenas y el toque de queda, están teniendo impacto en la realidad específica de las personas lesbianas, gays, bi, trans e intersex (LGBTI), arrojó una encuesta elaborada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). El sondeo, el primero de su tipo aplicado entre el 6 y 13 de abril pasado a 523 personas LGBTI de todas las regiones del país, arrojó que para el 44,3% “entre los efectos  del coronavirus podría encontrarse un incremento de la discriminación a las personas”. El 35,5%  descarta un aumento y el 20,2% no sabe si lo habrá. En tal sentido, el 9,2% señala que ha sido discriminado por su orientación o identidad de género desde la aparición del primer caso de coronavirus en Chile. De estos, el  2,2%  fue víctima de agresiones físicas; el 62% de  ataques verbales y 35,8% de violencia psicológica.             El mayor incremento de la homofobia y la transfobia ha ocurrido en la propia familia o el barrio a raíz del mayor tiempo que las personas pasan en sus casas. Así es como el 27,5% declara conocer a alguien que lo está pasando mal en su casa producto de la discriminación, mientras que del total de personas que son discriminadas por sus familias o vecinos, el 38% reporta un incremento de los episodios homofóbicos o transfóbicos en sus hogares o barrios. Estos conflictos se han traducido en violencia psicológica (58,2%), verbal  (40,6%) y física (1.2%). Solo el 8% denunció los atropellos. Al respecto, el 45,3% reporta que las medidas implementadas para enfrentar el coronavirus impidieron u obstaculizaron que denunciaran la discriminación. Excluyendo a los adultos mayores y a las personas de escasos de recursos económicos o con enfermedades crónicas, el 60,9% estima que los más afectados en Chile por el coronavirus son quienes viven en la calle, seguidos por los/as trabajadores/as sexuales (36,9%), las personas con capacidades diversas (36,9%), los inmigrantes (29,4%), la población LGBTI (20,6%), las mujeres (18,3%) y los pueblos originarios (18.3%). En un ángulo similar el 78.4% piensa que el coronavirus afectará, al menos durante el 2020, el avance de los derechos LGBTI en materia de políticas públicas y leyes. Pese a ello, el 92,6% está de acuerdo con “ la suspensión durante todo el año 2020 de cualquier evento masivo  pro derechos LGBTI (marchas, festivales, tocatas, picnic, etc) mientras el contacto social siga siendo un riesgo”.             Con este sondeo, “esperamos contribuir a ampliar el conocimiento sobre el impacto del coronavirus en grupos vulnerables, como son las personas LGBTI”, sostuvo el Movilh.     Otros resultados:   Al momento de aplicarse la encuesta, el 48.9% vivía en  una  comuna  sin cuarentena; el 28% en una comuna con cuarentena parcial y el 23,1% en una  comuna con cuarentena total. Además  el 15,3% señala encontrarse en cuarentena porque tuvo contacto con personas o lugares considerados riesgosos para la transmisión del virus. El 98,8% reporta cambios en su vida y rutina desde el primer caso de coronavirus en Chile. Para el  34,5%  el cambio fue “total”,  para el  45,3%, “mucho”;  para el 19% , “poco” y para el 1,2% “nada”. Nadie reporta haber adquirido el Covid-19, sin embargo el 4,3% no se ha hecho el examen aún cuando tiene sospechas de portar el virus.             En el terreno de las percepciones, solo el 29.6% considera que el coronavirus tiene efectos más graves en personas LGBTI que en las heterosexuales, mientras el 22,8% no lo sabe y el 47,6% considera que las consecuencias son las mismas. Con todo, el 46,6% estima que en el marco de las  estrategias para enfrentar el Coronavirus, el Estado debiese implementar medidas focalizadas para paliar los negativos efectos en  la población trans. La cifra disminuye al 25,9% en el caso de la población lésbica y al 23,7% cuando se trata de gays. A la par, el 56,% estima que el Estado “no está haciendo lo necesario para ayudar a personas con VIH en el marco de la pandemia del coronavirus”, mientras el 95,8% considera que el “Estado debiese implementar medidas para garantizar a las personas con VIH el acceso a sus medicamentos por varios meses y de una sola vez para que no se expongan al salir de sus casas”.       Ficha técnica:             Con un margen de error del 4% y un nivel de confianza del 95%, el sondeo fue aplicado a personas de 11 a 59 años, de las cuales el 97,1% son chilenas, el 1% venezolanas y el 1,9% de otras nacionalidades. El 60% vive en la Región Metropolitana; el 11,4% en Valparaíso; el  5,3% en Biobío;  el 3,7% en Los Lagos; el 3.5% en Coquimbo;  el 2,9% en la Araucanía,  el 2,6% en Libertador Bernardo O´Higgins, el 2.2% en Antofagasta;   el 2,2% en el Maule; el 1,4% en Atacama; el 1,4% en Tarapacá; el 1,2% en Magallanes;  el 1% en Ñuble; el 0,8 en Arica y Parinacota;  el 0.2% en Aysén y el 0.2% en Los Ríos.   El 45,6% se identifica con el sexo femenino,  el 44,2% con el masculino y el 10,2 es no binario, mientras que el 10,3% es trans y el 89,7% cisgénero, Del total de encuestados/as, la población gay asciende al 37,7%, seguida por la  lésbica (30.7%), la bisexual (19,8), la pansexual (9,5%) y la asexual (2.3%). CONTACTO: OSCAR REMENTERÍA VOCERO DEL MOVILH CELULAR: +56 9 77986708  EMAIL: OSCAR@MOVILH.CL  AQUÍ: Suscriba un email a nuestra base de datos de notas y pautas de prensa. Cancelar suscripción

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